Page 56 - La investigación como vínculo enter educación y sociedad

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La CNMC (2018) en España se encarga de la promoción y defensa del correcto funcionamien-
to de los mercados a efecto de proteger a los consumidores y empresas. Se trata de un orga-

nismo público cuyo funcionamiento surge el 7 de octubre de 2013, mismo que se encuentra
dotado de personalidad jurídica propia e independiente del gobierno español por lo que úni-
camente se encuentra sujeto a la revisión parlamentaria. Es sucesora de la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC), instaurada en el año 2007, la cual sustituyó a su vez al entonces
Tribunal de Defensa de la Competencia.

Como consecuencia de la liberalización del ejercicio de las denominadas industrias de red
(aplicable a infraestructuras o redes compartidas por oferentes y demandantes diversos, y

cuyo acceso resulta indispensable para la oportuna y adecuada prestación preponderante-
mente de servicios públicos), la terminación progresiva de los monopolios naturales del Esta-
do, y el urgente requerimiento de armonizar las disposiciones normativas españolas en materia
económica con respecto de los ordenamientos de la UE, surge progresivamente la presencia
de una diversidad de entidades reguladoras, mismas que de manera cronológica se enuncian
a continuación: i) la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional se instaura en 1995, y constituye
el antecedente de la Comisión Nacional de Energía (CNE); ii) la Comisión del Mercado de las
Comunicaciones (CMC) surge en 1996; iii) el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF) nace en LA INVESTIGACIÓN COMO VÍNCULO ENTRE EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
2003; iv) el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y la Comisión Nacional del Sector
Postal (CNSP) comienzan operaciones en 2010, y v) la Comisión de Regulación Económica
Aeroportuaria (CREA) se instituye en el año 2011.

Es en ese contexto que, el 7 de octubre de 2013, el parlamento toma la determinación de brin-
dar uniformidad al régimen competencial español concentrando en una sola entidad, a saber,
la CNMC, a los organismos rectores y autoridades competenciales (CNC, CNE, CMC, CNSP,
CEMA y CREA), con la intención de brindar seguridad jurídica y credibilidad en las instituciones
al optimizar recursos tanto presupuestales como de capital humano, y reducir así el margen de
discrepancias de criterio en beneficio directo de la actividad reguladora, e indirecto respecto de
productores, prestadores de servicios, y consumidores y usuarios.

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