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SISTEMAS DINÁMICOS URBANOS, INNOVACCIÓN Y TENDENCIAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA
                                                        UNA ExPERIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN ChIAPAS, MéxICO




            vés de múltiples matices a lo largo de la historia, donde se han utilizado y puesto en práctica
            mecanismos que tengan como objetivo impulsar la inclusión social como: la universalidad,
            la focalización y la integralidad de la política social.
            La política social es necesaria pero no suficiente, también se tiene que hablar de política
            pública que se refiere a la forma específica en que el Jefe del Estado realiza una correcta
            toma de decisiones y a través de esas decisiones ejecutar las acciones de gobierno  (Gault,
            2013). Por esto las políticas públicas se relacionan con las políticas sociales debido a la
            aportación de cada una en la toma de decisiones de un gobierno, para identificar y contra-
            rrestar los principales problemas que se presentan en una sociedad. Así mismo, dentro de
            las políticas sociales surge una cuestión de clientelismo que afecta directamente la calidad
            del sistema político; por lo que la relación que existe entre clientelismo y políticas sociales
            es muy notoria en algunas situaciones (Alonso, 2007).

            Aunque 767 millones de personas siguen viviendo en la pobreza extrema, en los últimos
            años se han conseguido importantes avances. En 1999 esa cifra era de 1.700 millones, un
            28 % la población mundial, frente al 11 % actual. El Programa de Naciones Unidas para el
            Desarrollo (PNUD) asegura que 250,000 personas salen de la pobreza cada día. La Orga-
            nización de las Naciones Unidas (ONU) considera que la pobreza no es solo una cuestión
            económica, falta de ingresos. Es también la falta de acceso a la educación o a una sanidad
            de calidad. Por eso, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fija la erradicación de la
            miseria como el objetivo número uno, pero incluye otros 16 objetivos que garantizan todos
            los derechos humanos y aseguran que no se deje a nadie atrás.

            Al igual que en México, en el resto del mundo el aumento de la pobreza es alarmante y expo-
            nencial año con año, y se incrementa especialmente en el sudeste de Asia, en África y América
            Latina. Por supuesto, los gobiernos de los países instrumentan programas tendientes a com-
            batirla, al igual que grandes instituciones mundiales. Una de las instituciones internacionales
            más interesadas en el combate y erradicación de la pobreza es el Banco Mundial, que, en su
            sitio Web, señala que para alcanzar los objetivos propuestos para el siglo XXI en materia de
            combate a la pobreza, se deben seguir una serie de medidas y estrategias.
            Desde  hace  varias  décadas  han  existido  diversos  programas  de  combate  a  la  pobreza.
            Algunos de ellos han tenido como propósito fomentar el desarrollo productivo de ciertos
            sectores y regiones. Sin embargo, los programas que ejercita el gobierno federal a través
            de sus diferentes secretarías brindan apoyo y, aparentemente, también exigen trabajo y
            esfuerzo de quien va a beneficiarse, pero sobre todo resultados, vigilando que los recursos
            se apliquen debidamente y den frutos. Hoy en día se exige por norma que estos programas
            sean del dominio público y se haga del conocimiento de todos los que están financiados
            con dinero del erario público procedente de los impuestos, que dichos recursos no provie-
            nen de ningún particular ni de partido político alguno.

            El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 (CONEVAL, 2016) destaca
            la importancia que para la política pública, en los últimos años, ha tenido los indicadores de
            pobreza que señala la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), ya que permiten plantear
            un objetivo claro, medible y común. Desde hace cinco años tanto el Gobierno Federal como








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