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Y a lo propuesto por Aguilar (2010, citado en Razo, 2014), quien caracteriza las funciones de una
política pública de la siguiente forma:

Recoge las demandas de los sectores civiles y políticos, las reelabora en objetivos y

acciones legalmente compatibles, aprovecha la información y el conocimiento que
existen en una sociedad para seleccionar las acciones y las formas de organización
capaces de producir los objetivos decididos, e incluye el cálculo de los recursos pú-
blicos que las acciones necesitan para operar y alcanzar los resultados esperados
(p. 80).

En México se requiere reforzar el marco jurídico para la tercera edad, para los adultos en plenitud.
Un dato interesante resulta del hecho de que la legislación actual es ignorada en la mayoría de
los casos no solo por las personas mayores, sino también por la sociedad a la que pertenecen
y, peor aún, por los servidores públicos e inclusive por los legisladores. Lo anterior sucede mien-
tras en la vida real continúa la discriminación de la que son objeto las personas mayores y las
violaciones a sus derechos fundamentales. De allí la urgencia de tomar cartas en el asunto para
fomentar, promover e involucrar en las tareas gubernamentales, de los municipios y de las orga-

nizaciones de la sociedad civil las políticas públicas de atención y defensoría de los derechos de
este sector de la población (Berthely, 2002).

Como bien señala Razo (2014), para Aguilar Villanueva “la política pública puede considerarse
un plan de acción específico orientado hacia el logro de objetivos perfectamente identificados,
delimitados y viables, donde el modo de gobernar consiste en un ‘gobierno por políticas’”. En ese
sentido, a diferencia de esta idea de política pública, el Gobierno mexicano, constitucionalmente
hablando, tiene el mandato de “gobernar por planes” (planes de desarrollo nacionales y estata-
les), a través de un conjunto de instituciones todopoderosas con plena aprobación social, las
cuales tienen en sus manos los grandes problemas de la agenda nacional que se deben atender
(Razo, 2014).

la institucionalización dE la problEmática dE las pErsonas mayorEs.
los EjEs dE la política pública

La institucionalización referente al tema de la población adulta mayor en México tiene sus inicios
en 1979, fecha en que se creó el Instituto Nacional de la Senectud (Insen). Posteriormente, en
el año 2002, cambió su nombre a Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (Inaplen), y se
incorporó a la Secretaría de Desarrollo Social como organismo descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio.

En ese mismo año se dio un paso importante en materia legislativa al publicarse en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En esta

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