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ÉTAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES

2012), permite hablar del dominio de una “cultura de la transgresión” en México, puesto que
73% de los encuestados creen que sus gobernantes no cumplen para nada con la ley, a lo que

se suma un 18% que afirma que la observancia por parte de los mismos es poca. En el mismo

ejercicio, al preguntar si los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes, aún cuando sean

injustas, 47% se muestra en desacuerdo y 9% muy en desacuerdo, frente a sólo un 37% de
acuerdo. Adicionalmente, 19% está muy de acuerdo y 51% de acuerdo con la frase “los

ciudadanos permiten que haya corrupción”.

Lo que se ve reforzado por una Encuesta de Cultura Constitucional a cargo de la
Universidad Nacional Autónoma de México (2011), levantada un año antes, que al

preguntar “Cuando Usted piensa que tiene razón, ¿está o no dispuesto a ir en contra de lo

establecido por la ley?”, arroja un 41% que se muestra dispuesto a violar la ley, frente a un

35% no dispuesto a quebrantarla.
Por lo que, en un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (Casar,

2015: 34), se concluye que:

Las convicciones anteriores se complementan con la opinión también mayoritaria de
que las leyes están hechas para favorecer a los políticos y a los ricos y que la justicia se

imparte diferencialmente.

Una década y media antes, un investigador de la Universidad de Guadalajara (Acosta, 2000)
llegaba a las mismas conclusiones para el caso Jalisco:

Tenemos así la vigencia de una extendida cultura de la ilegalidad, o de la

sublegalidad, que se asienta en la creencia de que justicia y ley son conceptos

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