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EL ETAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
subsidios que conducen a la sobrepesca, preservar los océanos y garantizar su uso sostenible
en el futuro.
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De las metas que se han formulado para el ODS14 , nos interesan en particular la primera y
la última, una: “Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación
marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en
tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes”; y otra:
“Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de
los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que
queremos””.
Resulta pacífico que mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a
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través del derecho internacional ayudará a mitigar algunos de los retos a los que se
enfrentan los océanos. En España, ejemplo de ello es la Ley de Navegación Marítima de 2014
(ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima; BOE, núm. 180, de 25 de julio de
293 En torno al ODS14, los datos, cifras y metas pueden consultarse en
www.un.org/sustainabledevelopment/es/, recuperado febrero 2017.
294 El ODS14, con sus siete metas y tres disposiciones sobre los medios de implementación, plantea un
importantísimo conjunto de cuestiones sobre los océanos y los mares. El propio objetivo, sus metas y medios de
implementación refuerzan y recalcan la importancia y la urgencia de las obligaciones internacionales en vigor
sobre los océanos y los mares dimanantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo de 1992, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012 y la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, que entró en vigor en 1994.
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