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ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA







            GObIERNO ELECTRÓNICO (E-GOVERNMENT)

            Las naciones y los gobiernos de la actualidad han procurado fomentar el desarrollo de esque-
            mas y estructuras tecnológicas que permitan facilitar el cumplimiento de sus funciones. Esta
            nueva tarea, que se conoce como gobierno electrónico o e-government, ocupa un lugar tan
            preponderante en las sociedades que algunas instituciones —como la Organización de Es-
            tados Americanos  (OEA)— consideran que la asistencia pública actual se debe apoyar en el
            “uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por parte del Estado, para brindar
            servicios e información a ciudadanos, aumentar eficacia y eficiencia de la gestión pública, e
            incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana”
            (OEA, 2016, párr. 2, Conceptos básicos).

            Esta reflexión se encuentra en sintonía con opiniones de otros autores, como Salas y Sán-
            chez (2006), quienes señalan que los actuales sistemas de gobernanza deben aprovechar
            las TIC para atender las demandas ciudadanas e impulsar a la sociedad de la información
            y el conocimiento, ya que las acciones gubernamentales impactan en distintos aspectos
            de la vida ciudadana, como la educación, la salud, el combate de la pobreza, la protección
            ambiental, etcétera. En pocas palabras, el uso de las TIC, y particularmente el Internet, son
            herramientas que sirven para obtener un mejor gobierno (Organisation for Economic Co-
            Operation and Development, 2003).

            Este propósito, sin embargo, no se ha terminado de consolidar porque no existe consenso en
            torno a las variables y los indicadores que se deberían usar para evaluar los avances del go-
            bierno electrónico de cada nación.

            En el caso concreto de nuestro país —y en un intento de cohesión con el resto de comunidades
            internacionales—, el Estado mexicano, mediante acuerdo presidencial, ha buscado dinamizar
            la participación del gobierno en medios tecnológicos y de información a través de la Comisión
            Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE), institución que considera
            que las TIC pueden servir en la mejora de “la gestión interna de la administración pública para
            otorgar mejores servicios, facilitar el acceso a la información, la rendición de cuentas, la trans-
            parencia y fortalecer la participación ciudadana” (CIDGE, 2008, párr. 1).

            SISTEMA FINANCIERO MExICANO (SFM)
            Como parte de la política económica —y concretamente financiera de un país—, en México
            existe un grupo de instituciones (llamados intermediarios) que de manera organizada y legal
            facilitan el uso de los recursos monetarios en forma libre por sus ciudadanos (aunque no acce-
            sible para todas las personas). Estas entidades, a través del proceso de oferta y demanda de
            dinero, buscan para sí mismas un beneficio.

            A la par de estas, existen autoridades que vigilan que las transacciones se concreten sin per-
            juicio para alguna de las partes. De la reunión de intermediarios y poderes se conforma un sis-
            tema financiero con entradas y salidas de dinero que intenta ser estable, eficiente, competitivo
            e innovador para contribuir “a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la
            población” (Banco de México [Banxico], 2014, párr. 2).









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