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ÉTAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES

Saviano insiste en el necesario vínculo entre mafia y política y en el imperativo de una
estrategia de nuevo cuño, superadora de la tradicionalmente reactiva mediante manu militari,

cuyos principales efectos son la violación de los derechos humanos y la contribución al

incremento de la violencia en aquellas regiones y municipios donde intervienen las fuerzas

armadas.

Ejemplo de ello es la impunidad de aquellos políticos entrelazados con el narcotráfico, que

no han sido –ni probablemente serán– procesados, ni mucho menos condenados. Así,

durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, se presenta un contraste entre su discurso de

“guerra contra el narcotráfico” y la no judicialización de las investigaciones realizadas por el
CISEN. Efectivamente, para un ex alto funcionario del CISEN esto sólo queda en el plano

de lo discursivo y la retórica oficial, es decir, en la simulación o ficción. Precisamente, el

principal motivo de su renuncia, a mediados de 2011, descansa en lo que denomina “la

ausencia de judicialización” de los expedientes del CISEN. Y es que, desde su posición
privilegiada, logra acceso a información sensible con indicios de vínculos de gran número de

presidentes municipales y gobernadores con el narcotráfico que, por decisión del entonces

Presidente Calderón, no llega a los órganos de persecución del delito y, por ende, alimenta la
impunidad de la clase política mexicana (Informante Clave, 2012).

Tal vez esta situación responda, por un lado, al déficit de liderazgo que padece México y que,

en el sector seguridad, se suele traducir en la delegación de responsabilidades –que se ven así

diluídas– y en la debilidad de correas de transmisión entre el escalón de dirección y el de
ejecución; y, por otro, en la ausencia de un verdadero sistema de inteligencia, con problemas

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