Page 213 - El État de los derechos humanos en las relaciones familiares
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ÉTAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES












                  de  interconexión  del  sistema  nacional  de  seguridad  pública  y  de  coordinación  de  los  tres
                  órdenes de gobierno en materia de seguridad.


                  Tampoco  existen  incentivos  para  los  miembros  de  las  instituciones  policiales,  peritos  y

                  agentes de ministerio público, en virtud de lo establecido por el artículo 123, apartado B,

                  fracción XIII de la Constitución (2015); antes bien, de la mano de los exámenes de control y
                  confianza  –que  dan  al  traste  con  el  derecho  al  debido  proceso–  pende  la  “espada  de

                  Damocles” sobre la cabeza de estos tres colectivos de empleados al servicio del Estado, por lo

                  que el lector se encuentra ante lo que se conoce como sistema de despojo (o spoils system) en

                  el derecho administrativo.


                  Dicho  en  otros  términos,  dichos  funcionarios  del  sector  seguridad,  carecen  de  estabilidad  y

                  seguridad  laboral  (nota  esencial  de  la  carrera  administrativa  que  la  separa  y  diferencia  del
                  sistema  de  libre  designación  y  remoción).  Así,  de  reprobar  los  exámenes  de  control  y

                  confianza –en los que el polígrafo se erige en la “reina de las pruebas”, aunque la mayoría de

                  quienes lo aplican no están capacitados ni certificados– pueden ser libremente removidos de
                  la  institución  y,  aunque  dicha  separación  haya  sido  injusta,  en  ningún  caso  procederá  su

                  reinstalación por mandato constitucional. En tanto que la SCJN lo interpreta en el mismo

                  sentido y, por decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, dichas evaluaciones se extienden
                  al  personal  administrativo  de  los  cuerpos  de  seguridad  pública  de  los  tres  órdenes  de

                  gobierno.


                  Lo cual pone en entredicho el núcleo duro de los derechos humanos de los propios agentes

                  de ministerio público, policías y peritos, puesto que da al traste con el debido proceso y el
                  subsistema  de  garantías  para  los  empleados  al  servicio  del  Estado,  consagrado














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