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ÉTAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES

Esta base y punto de partida (pacto social de nuevo cuño) sentaría la plataforma del derrotero
de México y emergería como el pilar de una cultura de la legalidad, de respeto a las

autoridades y al marco legal, lo que impondría tanto su aprobación por referendo como una

amplia difusión de sus contenidos y alcances.

A partir de una nueva Carta Magna, se debería tanto garantizar conductas ciudadanas

respetuosas del orden jurídico vigente, como la aplicación efectiva de la ley a todos por igual;
sanciones o penalizaciones a cualquiera que quebrante el marco normativo, lo que incluye

poner fin a los privilegiados, a la impunidad de la que gozan los “intocables”, lo que se

traduciría –incluso– en la judicialización de aquellos expedientes del CISEN en el que se
presenten indicios sólidos sobre actos de corrupción de la clase política. En todo sistema

jurídico la justicia es selectiva y si el poder público no instruye a su operadores sobre las

prioridades a atender, el propio sistema se encarga de hacerlo; es a través de la política

criminal que el Estado jerarquiza aquellos delitos y conductas antisociales de alto impacto
social –principalmente aquellos que atentan contra el derecho a la vida, ya que el goce de

cualquier otro derecho humano está supeditado a éste, a la libertad, como el secuestro, y al

bienestar general de la población, como aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos
en el ejercicio de su cargo que, incluso, están tipificados como traición a la patria por el

Código Penal Federal–, cuya atención debería ser prioritaria y tender a limitar o acotar la

impunidad que socava la legitimidad de los gobernantes y del Estado de Derecho.

Tratándose del sector seguridad, ante todo debería abrogarse la categoría seguridad interior,
para quedar la de seguridad nacional (concepción Estado-céntrica) y la de seguridad pública (de

naturaleza antropocéntrica), reservándose como instrumentos coercitivos las fuerzas armadas

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