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ÉTAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES












                  y a estar preparadas –como un mecanismo bien aceitado– a dar cumplimiento a las órdenes y
                  directivas emanadas del poder político al que deben subordinarse (dimensión técnica). A la

                  desburocratización que traería aparejada la salida de los militares y marinos del escalón de

                  dirección (dimensión política), se sumaría el concepto de conjuntez, que debería ser el hilo

                  conductor transversal al proceso de reforma castrense: creación del Estado Mayor Conjunto,
                  generación  de  doctrina  militar  conjunta,  planeación  militar  conjunta,  inteligencia  militar

                  conjunta, logística conjunta, educación militar conjunta, entre otras.


                  Dado que la seguridad –nacional y pública– constituye un asunto vital, en los tres órdenes de

                  gobierno los titulares (Presidente, gobernadores  y presidentes municipales) deberían asumir
                  la responsabilidad directa de dicha política pública, de conformidad con el marco normativo,

                  sin delegar la conducción a terceros.


                  El necesario proceso de modernización policial tendría que apostar por el sistema de carrera

                  administrativa  (carrera  policial),  incluyendo  un  subsistema  disciplinario  que  contemple  la

                  separación  de  efectivos  como  ultima  ratio,  fundamentalmente  mediante  exámenes
                  ambientales (contrainteligencia), pero acompañado por un subsistema de garantías (debido

                  proceso)  para  el  personal  encuadrado.  La  apuesta  por  dicha  transformación  debería,  en

                  primer lugar, apuntar a la imperativa estandarización de las policías de los tres órdenes de
                  gobierno  que  actualmente  presentan  significativos  desbalances  o  desequilibrios  y  a  la

                  profesionalización  de  sus  funcionarios.  El  desarrollo  de  protocolos  de  actuación  sería  el

                  mejor  antídoto  del  quebrantamiento  de  los  derechos  humanos  que  suele  caracterizar  el
                  accionar  de  las  instituciones  policiales  en  México  (Ver,  por  ejemplo,  CICR,  2015);  que

                  debería  acompañarse  con  el  fomento  y  la  canalización  de  la  participación  ciudadana,















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