Page 291 - El État de los derechos humanos en las relaciones familiares
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ÉTAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES












                  eficacia, además de regular el régimen de inhabilidades según el cual se sancionará a todos
                  aquellos que atropellen la administración pública, garantizando así el buen funcionamiento

                  de los gobiernos.


                  Por otro lado, las medidas penales traen sanciones por cohecho transnacional y tráfico de

                  influencias.  Buscan  eliminar  beneficios  como  la  disminución  de  penas  o  la  situación  por
                  prisión  domiciliaria  a  quienes  cometan  actos  de  corrupción,  estableciendo  condenas  más

                  rígidas  ante  acciones  que  atenten  contra  la  administración  y  el  patrimonio  público.  Por

                  último  las medidas disciplinarias procuran sancionar en el ejercicio de la función pública a

                  aquellos servidores que, obrando en contravía de los principios y valores éticos que rigen sus
                  cargos, atenten contra la administración pública.


                  De la misma manera, y con el ánimo de ejercer control y seguimiento más efectivos, se han

                  creado organismos especiales como la Comisión Nacional para la Moralización, la Comisión

                  Nacional  Ciudadana  para  la  Lucha  contra  la  Corrupción  y  el  Programa  Presidencial  de
                  Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la corrupción. Dichos organismos

                  tienen como función velar por el cumplimiento del Estatuto Anticorrupción y de la Ley 190

                  de  1995,  trabajando  en  la  formulación  de  campañas,  indicadoras,  actividades,  políticas

                  estratégicas  y  en  la  denuncia  de  los  distintos  casos  de  corrupción,  haciendo  su  cabal
                  seguimiento. Además, están integrados por distintos representantes del Estado y la sociedad

                  civil, con el fin de ampliar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre los

                  casos de corrupción. De esta forma, la ciudadanía está en condiciones de hacer seguimiento,
                  denunciar y proponer esquemas de políticas públicas o iniciativas pedagógicas para combatir

                  la corrupción.















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