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ÉTAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES
la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual concluyó
en un Informe Especial publicado en el año 2001 conjuntamente con la recomendación
26/2001 e igualmente fue una de las averiguaciones previas investigadas por la Fiscalía
Especial creada en la transición democrática con el fin –no alcanzado– de aclarar los
crímenes del pasado. Dicha fiscalía fue cerrada de forma inesperada el 30 de noviembre de
2006. Actualmente las investigaciones radican en la Coordinación General de Investigación
dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la
Procuraduría General de la República.
El Estado mexicano tuvo la oportunidad de hacer justicia en el presente caso pues en agosto
de 2005 la Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad en su
modalidad de plagio o secuestro al juez civil; sin embargo el proceso fue llevado ante la
justicia militar con base en la resolución de la propia justicia civil. Los representantes
interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la cual fue desechada
arguyendo que las víctimas no pueden recurrir al amparo para impugnar la competencia de
los tribunales militares. La causa penal seguida en la jurisdicción militar en contra del
inculpado se sobreseyó dado el fallecimiento del procesado.
Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se
presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras
sostener una audiencia pública sobre admisibilidad del caso el 21 de octubre de 2004, la
CIDH emitió el informe de admisibilidad No. 65/05 el 12 de octubre de 2005. El 27 de julio
de 2007, durante su 128 Periodo Ordinario de Sesiones, la CIDH consideró las posiciones
de las partes y aprobó el informe de fondo número 60/07, de conformidad con el artículo 50
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