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ETAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES
En definitiva, el problema del que se parte en este trabajo, nuclear en cualquier
discusión actual sobre el sentido y alcance del derecho de los niños a su protección
especial, y que no ha logrado ser resuelto ni siquiera por la Corte IDH es el siguiente: el
precio que pagó la infancia en América Latina para ser reconocida en sus derechos de
libertad —básicamente garantías procesales en la justicia juvenil— ha sido el
debilitamiento de su derecho a la protección especial en términos del aseguramiento de
sus derechos económicos, sociales y culturales.
En América Latina, los excesos del paternalismo injustificado comenzaron a ser denunciados
hace un cuarto de siglo cuando, como consecuencia del impacto de la incorporación del
Derecho internacional de los derechos humanos, en particular de la Convención sobre los
Derechos del Niño, se sentaron las bases de la reforma legal en materia de infancia y juventud.
Desde comienzos de la década de 1990 se inició en la región una crítica al funcionamiento de
la justicia de menores similar a la ya mencionada que había tenido lugar en los Estados
Unidos en la década de 1960 y en Europa en la década siguiente.
Sin la profundidad y profusión de los estudios realizados en esas otras latitudes, los
producidos en el ámbito regional determinaron: a) que los tribunales de menores no
podían ignorar más los derechos procesales de los adolescentes imputados de delitos bajo
la excusa de que los procedimientos eran tuitivos y no penales, y b) que debían ser
modificadas las legislaciones derivadas de la escuela tutelar clásica que no distinguían, en
lo sustancial, la respuesta estatal prevista para el abordaje de casos vinculados con la
protección de niños, de la prevista para casos referidos a menores infractores de la ley
penal.
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