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EL ETAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
servicio por esta compañía multinacional. Las mismas habían subido desde un 35 % hasta un
200 % en algunos casos. En reacción a estas medidas, una alianza ciudadana la Coordinadora
de Defensa del Agua y de la Vida movilizó la población, sosteniendo como bandera el eslogan
“El agua como derecho fundamental”. Aunado a esto, pueblos indígenas se oponían a la
privatización del servicio, puesto que para la cosmovisión indígena, esto equivalía a una
confiscación de recursos de la “madre tierra” (Corcelette, 2013). La manifestación tomo una
amplitud internacional, los activistas norteamericanos hicieron presión sobre Bechtel (socio
mayoritario en el consorcio) y sobre las autoridades bolivianas. Finalmente, el 10 de abril de
2010, el gobierno boliviano pone fin al contrato de concesión de Aguas del Tunari y atribuye
la responsabilidad de su manejo a una compañía pública incluyendo un control ciudadano
de la misma (Petijean, 2009).
Aguas del Tunari presenta una demanda en contra del gobierno de Bolivia ante las instancias
arbitrales del CIADI por violación de contrato y solicita la protección del tratado de libre
comercio entre Holanda y Bolivia, además de una indemnización de 25 millones de dólares.
Bolivia se opone y argumenta que la empresa no es una entidad holandesa y que tampoco
cuenta con socios holandeses (Marella (2010). Las objeciones son rechazadas y el tribunal es
conformado en los términos del acuerdo de libre comercio Holanda-Bolivia. Diversas ONG y
ciudadanos solicitaron al tribunal la posibilidad de ser partes en el proceso o por lo menos de
ser escuchados a título de amicus curiae. El tribunal rechaza la demanda de intervención por
falta de conceso entre las partes de permitir el acceso de las ONG al proceso, al igual que la
solicitud de acceso a la información. No obstante, gracias a la presión pública nacional e
internacional (manifestaciones de grupos ciudadanos ante las oficinas de Bechtel en Estados
Unidos, al igual que en Amsterdan y en Washington (De la Fuente, 2002)), la compañía
finalmente renuncia a la demanda a cambio de 2 Bolivianos de la parte del gobierno de
Bolivia (Orellana Lopez, 2014).
Cabe notar que el caso boliviano se convirtió en un ejemplo mundial y sirvió de campaña
para el reconocimiento por parte de la Asamblea general de la ONU del derecho humano al
agua. (A.G. ONU, 2010).
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