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EL ETAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE












                  servicio por esta compañía multinacional. Las mismas habían subido desde un 35 % hasta un
                  200 % en algunos casos. En reacción a estas medidas, una alianza ciudadana la Coordinadora
                  de Defensa del Agua y de la Vida movilizó la población, sosteniendo como bandera el eslogan
                  “El  agua  como  derecho  fundamental”.  Aunado  a  esto,  pueblos  indígenas  se  oponían  a  la
                  privatización  del  servicio,  puesto  que  para  la  cosmovisión  indígena,  esto  equivalía  a  una
                  confiscación de recursos de la “madre tierra” (Corcelette, 2013). La manifestación tomo una
                  amplitud internacional, los activistas norteamericanos hicieron presión sobre  Bechtel (socio
                  mayoritario en el consorcio) y sobre las autoridades bolivianas. Finalmente, el 10 de abril de

                  2010, el gobierno boliviano pone fin al contrato de concesión de Aguas del Tunari y atribuye
                  la responsabilidad de su manejo a una compañía pública incluyendo un control ciudadano
                  de la misma (Petijean, 2009).

                  Aguas del Tunari presenta una demanda en contra del gobierno de Bolivia ante las instancias
                  arbitrales del CIADI por violación de contrato y solicita la protección del tratado de libre
                  comercio entre Holanda y Bolivia, además de una indemnización de 25 millones de dólares.
                  Bolivia se opone y argumenta que la empresa no es una entidad holandesa y que tampoco
                  cuenta con socios holandeses (Marella (2010). Las objeciones son rechazadas y el tribunal es
                  conformado en los términos del acuerdo de libre comercio Holanda-Bolivia. Diversas ONG y
                  ciudadanos solicitaron al tribunal la posibilidad de ser partes en el proceso o por lo menos de

                  ser escuchados a título de amicus curiae. El tribunal rechaza la demanda de intervención por
                  falta de conceso entre las partes de permitir el acceso de las ONG al proceso, al igual que la
                  solicitud de  acceso  a la información. No obstante, gracias a la presión pública nacional e
                  internacional (manifestaciones de grupos ciudadanos ante las oficinas de Bechtel en Estados
                  Unidos, al igual que en Amsterdan  y en Washington (De la Fuente, 2002)), la compañía
                  finalmente  renuncia  a  la  demanda  a  cambio  de  2  Bolivianos  de  la  parte  del  gobierno  de
                  Bolivia (Orellana Lopez, 2014).

                  Cabe notar que el caso boliviano se convirtió en un ejemplo mundial y sirvió de campaña
                  para el reconocimiento por parte de la Asamblea general de la ONU del derecho humano al

                  agua. (A.G. ONU, 2010).















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