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EL ETAT DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

habían aumentado de manera considerable (cerca de 9 000 millones de dólares (Morales
Lamberti, 2009)). La presión de la parte de las multinacionales hacia el gobierno de
Argentina dejaba prever las posibles demandas ante el CIADI. El carácter esencial e
indispensable del agua para la vida, fue uno de los puntos neurálgicos que llevo a las partes a
la controversia: las multinacionales queriendo sacar el máximo de provecho de los servicios
públicos de agua, la población reclamando un servicio de calidad y abordable, el Estado de
Argentina ante el deber de salir de la crisis económica y de garantizar el acceso al agua como
un derecho humano.

Entre las múltiples condenas arbitrales de las que fue objeto Argentina, destacamos aquella
de 2015 en virtud de la cual el CIADI le ordena pagar 405 millones de euros a la
multinacional Suez. En este proceso, cinco organizaciones no gubernamentales (ONG)
solicitaron intervenir en el proceso y acceder a la información del mismo. Una sola logró ser
escuchada en audiencia, pero sin acceder a la información procesal, lo anterior en virtud del
artículo 32(2) de las reglas arbitrales del CIADI (Marrella, 2010). Este rechazo del derecho a
la transparencia del cual son sujetos los ciudadanos, hizo detonar las críticas de este modo de
solución de controversias, particularmente, cuando se ventilan cuestiones relacionadas con el
interés público. Este precedente, de la mano con muchos más, particularmente con el caso
Boliviano, llevaría a reevaluar las normas de transparencia del arbitraje de inversión, como lo
explicaremos más adelante.

1.2 EL CASO BOLIVIANO BANDERA DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
HUMANO AL AGUA

El 3 de septiembre 1999, Bolivia otorga una concesión de servicios de agua de la ciudad de
Cochabamba al consorcio Aguas del Tunari formado por Bechtel, International Waters, Abengoa

Servicios Urbanos y asociados Bolivianos minoritarios (Morales Lamberti, 2010). En menos de
un año, una masiva movilización conocida bajo la apelación de “la Guerra del agua” provocó
la salida de esta empresa multinacional del territorio boliviano. Esto se debió al aumento
desmedido en las tarifas del agua potable y del saneamiento que se subsiguieron a la toma del

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